- ¿Son las personas con discapacidad un grupo especialmente vulnerable ante el incremento del fraude digital y ciberdelincuencia?

 

Como en tantas otras esferas de la vida social, las personas con discapacidad estamos en inferioridad de condiciones, más expuestas ante a estas expresiones de la nueva delincuencia, la digital. Sus técnicas de llegada a la gente, su insistencia, la falta de transparencia, la falta de cultura digital o la inaccesibilidad de estos entornos, nos hacen operar en un terreno hostil, en clara desventaja. Todo esto nos aboca a ser víctimas más en más elevado grado.

 

- ¿Es necesario asegurar aspectos como la convivencia de los métodos de pago tradicionales y digitales para este grupo de población?

 

Para todos los grupos de población. El principio que impere ha de ser el de la libertad de elección entre distintas alternativas, efectivas, a criterio de la persona. A tal fin, se ha de blindar legalmente el uso del efectivo y del dinero electrónico, que han de convivir, sin restricciones y sin privilegiar un medio (el digital) en detrimento de otro (el efectivo).  

 

- A este respecto, ¿cómo ve el incremento de la práctica del cobro de comisiones por la retirada de efectivo en ventanilla que se está dando en muchas entidades bancarias? 

 

Pues se trata de una práctica nociva, que debería estar prohibida o muy limitada, en aras a proteger al consumidor. Este tipo de exacciones no solo generan enriquecimientos injustos para las entidades financieras, a costa de empobrecer a los clientes, sino que penalizan medios de pago como el efectivo, que han de estar garantizados. No son neutrales, disuaden de elegir algunos medios de pago, por convertirse en más onerosos. Sorprende la tolerancia, casi connivencia, que el Estado muestra hacia los abusos de las entidades bancarias, que desde una posición de dominio actúan como depredadores financieros.

 

- ¿Consideras que este tipo de medidas pueden incrementar la vulnerabilidad frente a los fraudes digitales que comentábamos?

 

Sí, siempre la reducción de las alternativas, la imposibilidad de elección y la imposición unilateral de vías exclusivas, perjudica a los consumidores vulnerables. Los poderes públicos tendrían que intervenir para reequilibrar, para garantizar la igualdad de partida, pero se abstienen, renuncian a su rol, dejando a los consumidores a su suerte.

 

Fuente: Servimedia